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Barcelona se enfrenta a una realidad que ya no puede ocultarse: cada vez más personas duermen en sus calles, viven en condiciones insalubres y, en algunos casos, sufren enfermedades mentales, adicciones o problemas de salud graves. Vecinos, comerciantes y visitantes observan diariamente situaciones de abandono, suciedad, consumo de alcohol, peleas y conductas que pueden resultar ofensivas o peligrosas en el espacio público. Esta situación perjudica la convivencia y proyecta una imagen muy negativa de la ciudad.
La pregunta es inevitable: ¿qué están haciendo el Ayuntamiento, la Generalitat y los servicios sociales para resolver este problema? Los ciudadanos pagan impuestos y tienen derecho a exigir resultados, transparencia y una gestión eficaz. No basta con anunciar programas, inaugurar proyectos o publicar estadísticas optimistas si, en la práctica, aumenta el número de personas que duermen en la calle.
También es necesario revisar el papel de las organizaciones no gubernamentales que reciben subvenciones públicas. Muchas realizan una labor imprescindible y merecen reconocimiento, pero toda ayuda económica debe estar sometida a controles rigurosos. Hay que saber cuánto dinero reciben, en qué lo gastan, cuántas personas atienden y qué resultados obtienen. Las subvenciones no pueden convertirse en una financiación automática sin evaluación ni responsabilidades. Si las ayudas crecen mientras también lo hace el sinhogarismo, algo está fallando y debe explicarse claramente.
Sin embargo, exigir soluciones no significa defender actuaciones arbitrarias ni tratar a todas las personas sin hogar como delincuentes. El sinhogarismo no tiene una única causa. Puede estar relacionado con el desempleo, los precios de la vivienda, rupturas familiares, enfermedades mentales, adicciones, migraciones o la falta de redes de apoyo. Algunas personas necesitan una vivienda, otras atención psiquiátrica, tratamiento contra las adicciones, documentación, protección social o acompañamiento laboral. Por eso, limitarse a expulsarlas de una plaza o trasladarlas de un barrio a otro solo oculta temporalmente el problema.
Las administraciones deben crear una respuesta coordinada y permanente. Hace falta aumentar las plazas de alojamiento, reforzar los equipos de calle, disponer de centros especializados en salud mental y adicciones, y ofrecer atención sanitaria continua. También deben existir protocolos para intervenir cuando una persona está desnuda, gravemente intoxicada, enferma o representa un riesgo para sí misma o para los demás. La libertad individual no puede utilizarse como excusa para abandonar a personas incapaces de cuidarse, pero cualquier intervención debe respetar la dignidad y la legalidad.
Al mismo tiempo, los vecinos tienen derecho a disfrutar de calles limpias y seguras. La solidaridad no puede significar aceptar indefinidamente suciedad, violencia, ruidos, consumo de alcohol o comportamientos incívicos. La protección de las personas vulnerables y el mantenimiento de la convivencia deben avanzar juntos. Las autoridades deben actuar con firmeza, pero también con humanidad.
El dinero público debe priorizar las necesidades reales: vivienda social, salud, prevención, limpieza, seguridad y servicios sociales eficaces. Antes de gastar en asesores innecesarios, campañas propagandísticas, viajes o estructuras administrativas duplicadas, los responsables políticos deberían demostrar que los recursos disponibles se utilizan correctamente.
Barcelona no merece convertirse en una ciudad que normaliza el abandono en sus calles. Sus gestores deben rendir cuentas, coordinarse y ofrecer soluciones medibles. No se trata de “limpiar” la ciudad expulsando a quienes sufren, sino de acabar con el abandono mediante atención, vivienda, tratamiento y cumplimiento de las normas. Los ciudadanos tienen derecho a exigirlo; las instituciones, la obligación de hacerlo.
